La renuncia de Bello
El absurdo de absurdos es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California Sur, Ignacio Bello Sosa, fue removido de su cargo por el resto de los magistrados que conforman el pleno. Se supone que lo cesaron por haber violado la ley. Pero lo mas absurdo es que, habiendo violado la ley, lo dejan como magistrado. Sobre el asunto tenemos dos versiones. Una, que debió haberse seguido un proceso para destituirlo, a través de un juicio de procedencia en el Congreso. La otra versión es que su destitución no fue legal. Y que a Bello le queda el recurso de solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia para que le devuelvan el cargo. A continuación, la opinión del abogado Arturo Rubio Ruiz, prestigiado litigante de esta ciudad. Leamos:
“El procedimiento seguido para destituir a Bello Sosa como presidente del Tribunal, está viciado de nulidad.
La rendición de cuentas, y posterior ratificación o remoción, requería una convocatoria previa y específica.
Como la ley no es clara al respecto, en caso de que Bello Sosa decidiera impugnar su remoción, el asunto podría llegar hasta la Corte Federal.
Sin importar si la Suprema Corte revocara o convalidara la remoción de Bello Sosa, la incertidumbre jurídica y el desconocimiento del procedimiento del que hacen gala los magistrados, provoca una enorme preocupación entre litigantes y ciudadanos en general, pues es el Tribunal Estatal el órgano del Estado que por excelencia, debiera aplicar ineludiblemente, la legalidad a todos sus actos, en particular, aquellos que se vinculan estrechamente con su vida interna.
Pasamos ahora, en menos de un año, de una presidenta semivitalicia, a un presidente prácticamente interino, sustituido en un procedimiento poco transparente y viciado de nulidad.
Suponemos entonces que si no prospera la impugnación que pudiera interponer Bello Sosa, el actual presidente está obligado a legitimar su presencia en el encargo, convocando a una Sesión de Pleno donde se le ratifique el mandato, y nos presente un programa de trabajo que de sentido al “golpe de estado” que de facto, se llevó a cabo para remover a Bello Sosa.
Curiosa la democracia sudcaliforniana: Primero te ponen en el cargo y luego te encargas de presentar tu plan de trabajo.
Esperemos que entre los magistrados finalmente impere la mesura, la cordura, que dejen de lado sus ambiciones personales o sus compromisos de grupo, y se centren en lo que para nosotros es urgente: La unificación de criterios judiciales, la profesionalización de los empleados judiciales, el abatimiento del rezago en la carga de trabajo de los juzgados, la implementación de la carrera judicial, la erradicación de los grupos de poder al seno del Tribunal, y la creación de un Consejo de la Judicatura en el Estado”.
Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.
El absurdo de absurdos es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California Sur, Ignacio Bello Sosa, fue removido de su cargo por el resto de los magistrados que conforman el pleno. Se supone que lo cesaron por haber violado la ley. Pero lo mas absurdo es que, habiendo violado la ley, lo dejan como magistrado. Sobre el asunto tenemos dos versiones. Una, que debió haberse seguido un proceso para destituirlo, a través de un juicio de procedencia en el Congreso. La otra versión es que su destitución no fue legal. Y que a Bello le queda el recurso de solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia para que le devuelvan el cargo. A continuación, la opinión del abogado Arturo Rubio Ruiz, prestigiado litigante de esta ciudad. Leamos:
“El procedimiento seguido para destituir a Bello Sosa como presidente del Tribunal, está viciado de nulidad.
La rendición de cuentas, y posterior ratificación o remoción, requería una convocatoria previa y específica.
Como la ley no es clara al respecto, en caso de que Bello Sosa decidiera impugnar su remoción, el asunto podría llegar hasta la Corte Federal.
Sin importar si la Suprema Corte revocara o convalidara la remoción de Bello Sosa, la incertidumbre jurídica y el desconocimiento del procedimiento del que hacen gala los magistrados, provoca una enorme preocupación entre litigantes y ciudadanos en general, pues es el Tribunal Estatal el órgano del Estado que por excelencia, debiera aplicar ineludiblemente, la legalidad a todos sus actos, en particular, aquellos que se vinculan estrechamente con su vida interna.
Pasamos ahora, en menos de un año, de una presidenta semivitalicia, a un presidente prácticamente interino, sustituido en un procedimiento poco transparente y viciado de nulidad.
Suponemos entonces que si no prospera la impugnación que pudiera interponer Bello Sosa, el actual presidente está obligado a legitimar su presencia en el encargo, convocando a una Sesión de Pleno donde se le ratifique el mandato, y nos presente un programa de trabajo que de sentido al “golpe de estado” que de facto, se llevó a cabo para remover a Bello Sosa.
Curiosa la democracia sudcaliforniana: Primero te ponen en el cargo y luego te encargas de presentar tu plan de trabajo.
Esperemos que entre los magistrados finalmente impere la mesura, la cordura, que dejen de lado sus ambiciones personales o sus compromisos de grupo, y se centren en lo que para nosotros es urgente: La unificación de criterios judiciales, la profesionalización de los empleados judiciales, el abatimiento del rezago en la carga de trabajo de los juzgados, la implementación de la carrera judicial, la erradicación de los grupos de poder al seno del Tribunal, y la creación de un Consejo de la Judicatura en el Estado”.
Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.
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