Delincuentes
¿Qué confianza puede tener la sociedad en sus autoridades políticas y de procuración de justicia, después de que fuerzas federales detuvieron a elementos de la policía ministerial? ¿Con que autoridad moral puede el gobierno hablarnos de seguridad y de confianza en los encargados de aplicar la ley? Es vergonzoso que, mientras el gobernador Agundez habla de la capacitación y adiestramiento de los agentes judiciales, un grupo de ellos se dedicaban al secuestro. La noticia, publicada por este diario, sacudió la conciencia popular y comprueba que el gobierno de Narciso es un gobierno de mentiras. Esta fue la nota publicada ayer. Los cuatro elementos de la Policía Ministerial del Estado que tenían secuestrados desde el 10 de noviembre del 2008 a Julio Cesar Robles Olmedo e Ismael González Romero, mismos que exigieron dinero a sus familias para liberarlos, al ser detenidos por las Fuerzas Especiales de la Policía Federal Preventiva la madrugada del 22 de noviembre del 2008 en un motel de Cabo San Lucas, tenían en su poder dos armas largas (cuerno de chivo y rifle R-15) y cuatro pistolas que no son para el uso exclusivo del ejercito ni de las fuerzas armadas; así como dieciséis teléfonos celulares, quince envoltorios de mariguana, cocaína y crystal listos para su comercialización, así como cientos de cartuchos útiles y diversas armas punzo-cortantes, y uniformes de la corporación policíaca y también les decomisaron credenciales oficiales, credenciales de elector, toletes, esposas -para tobillos. Todo eso tenían en su poder los elementos de la Ministerial del estado: Fidel Manzano, Edgar Márquez López -Comandante de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en Cabo San Lucas-, José Alfredo Avilas, y Fernando Rojas, quienes son señalados por los familiares de los secuestrados de haberles exigido dinero por su liberación, además de haberles propinado severas golpizas provocándoles traumatismo hepático a los ahora
Expulsados
El caso de los priístas que tienen tomada la sede del Comité Directivo Municipal en Comondú, ya tomó un cauce legal en lo interno. La denuncia correspondiente por parte de la dirigente Olga Rangel Vázquez, fue recibida por la Comisión de Justicia Partidaria que preside el Lic. Matías Amador Moyrón, uno de los hombres leales al PRI que coadyuva con su experiencia y su gran talento jurídico al nuevo impulso del tricolor en Baja California Sur. Pues bien, La Comisión Estatal de Justicia Partidaria ha respondido en tiempo y en forma determinando suspender los derechos como priístas a Manuel Palos, Luis García Bañales, Juan Othón García Soto, Esthela Toribio Arias, Ramón Ulises Manzo Burquez, Alejandra Hernández Toribio, José Antonio Pérez Ochoa, José Luis Carrillo Hernández, Ramón Manzo Osuna, Saúl Ariel Camacho Navarro, Joaquín Rodríguez Pérez, Leticia Orozco García y Jaime Murillo Hernández. Estas personas, plenamente identificadas con el fantasmagórico Miguel Vega Pérez, ahora son incondicionales del hermano de este, el actual secretario general del ayuntamiento perredista, Julio Vega Pérez, de triste memoria junto con el doctor Palos, por traicionar al PRI como regidores esquiroles y corruptos. Y es el camino que llevaba el oscuro regidor Joaquín Rodríguez, quien vergonzosamente se alínea con la mayoría perredista en el cabildo. Por lo menos el hermano menor del Miguel tuvo la delicadeza de irse al PRD, pero el doctor Palos siguió enquistado en el tricolor con el único fin de seguir influyendo en el divisionismo que tanto daño ha hecho en ese municipio.
Tintero
¿Qué confianza puede tener la sociedad en sus autoridades políticas y de procuración de justicia, después de que fuerzas federales detuvieron a elementos de la policía ministerial? ¿Con que autoridad moral puede el gobierno hablarnos de seguridad y de confianza en los encargados de aplicar la ley? Es vergonzoso que, mientras el gobernador Agundez habla de la capacitación y adiestramiento de los agentes judiciales, un grupo de ellos se dedicaban al secuestro. La noticia, publicada por este diario, sacudió la conciencia popular y comprueba que el gobierno de Narciso es un gobierno de mentiras. Esta fue la nota publicada ayer. Los cuatro elementos de la Policía Ministerial del Estado que tenían secuestrados desde el 10 de noviembre del 2008 a Julio Cesar Robles Olmedo e Ismael González Romero, mismos que exigieron dinero a sus familias para liberarlos, al ser detenidos por las Fuerzas Especiales de la Policía Federal Preventiva la madrugada del 22 de noviembre del 2008 en un motel de Cabo San Lucas, tenían en su poder dos armas largas (cuerno de chivo y rifle R-15) y cuatro pistolas que no son para el uso exclusivo del ejercito ni de las fuerzas armadas; así como dieciséis teléfonos celulares, quince envoltorios de mariguana, cocaína y crystal listos para su comercialización, así como cientos de cartuchos útiles y diversas armas punzo-cortantes, y uniformes de la corporación policíaca y también les decomisaron credenciales oficiales, credenciales de elector, toletes, esposas -para tobillos. Todo eso tenían en su poder los elementos de la Ministerial del estado: Fidel Manzano, Edgar Márquez López -Comandante de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en Cabo San Lucas-, José Alfredo Avilas, y Fernando Rojas, quienes son señalados por los familiares de los secuestrados de haberles exigido dinero por su liberación, además de haberles propinado severas golpizas provocándoles traumatismo hepático a los ahora
Expulsados
El caso de los priístas que tienen tomada la sede del Comité Directivo Municipal en Comondú, ya tomó un cauce legal en lo interno. La denuncia correspondiente por parte de la dirigente Olga Rangel Vázquez, fue recibida por la Comisión de Justicia Partidaria que preside el Lic. Matías Amador Moyrón, uno de los hombres leales al PRI que coadyuva con su experiencia y su gran talento jurídico al nuevo impulso del tricolor en Baja California Sur. Pues bien, La Comisión Estatal de Justicia Partidaria ha respondido en tiempo y en forma determinando suspender los derechos como priístas a Manuel Palos, Luis García Bañales, Juan Othón García Soto, Esthela Toribio Arias, Ramón Ulises Manzo Burquez, Alejandra Hernández Toribio, José Antonio Pérez Ochoa, José Luis Carrillo Hernández, Ramón Manzo Osuna, Saúl Ariel Camacho Navarro, Joaquín Rodríguez Pérez, Leticia Orozco García y Jaime Murillo Hernández. Estas personas, plenamente identificadas con el fantasmagórico Miguel Vega Pérez, ahora son incondicionales del hermano de este, el actual secretario general del ayuntamiento perredista, Julio Vega Pérez, de triste memoria junto con el doctor Palos, por traicionar al PRI como regidores esquiroles y corruptos. Y es el camino que llevaba el oscuro regidor Joaquín Rodríguez, quien vergonzosamente se alínea con la mayoría perredista en el cabildo. Por lo menos el hermano menor del Miguel tuvo la delicadeza de irse al PRD, pero el doctor Palos siguió enquistado en el tricolor con el único fin de seguir influyendo en el divisionismo que tanto daño ha hecho en ese municipio.
Tintero
El Consejo General del Instituto Federal Electoral fijó en 214 mil 628.04 pesos el tope máximo de gastos de precampaña para aspirantes a una candidatura a diputado durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009. Visítenos en Internet: politicaensutinta.blogspot.com hasta mañana Dios los bendiga a todos.
